La comunidad gamer en México encendió las alertas tras conocerse una propuesta incluida en el Paquete Económico 2026 que buscaba aplicar un impuesto especial del 8 % a los videojuegos con contenido violento. La medida habría impactado tanto a copias físicas como digitales, además de descargas y microtransacciones en títulos clasificados para adultos.
La iniciativa generó preocupación inmediata entre jugadores, creadores de contenido y parte de la industria del entretenimiento, ya que el aumento de precio afectaría directamente a algunos de los géneros más populares del gaming, como la acción, los shooters y las aventuras de corte maduro.
Días después del debate público, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el impuesto no se aplicará. El principal motivo fue la falta de criterios técnicos claros para definir qué videojuegos debían ser gravados, lo que habría provocado confusión legal y problemas en su implementación.
Desde el gobierno se reconoció que distinguir objetivamente el nivel de violencia en los videojuegos resulta complejo, especialmente considerando los sistemas de clasificación existentes y la diversidad de plataformas digitales.
En lugar del gravamen, la administración federal adelantó que impulsará campañas de concientización dirigidas a niñas, niños y adolescentes sobre el uso responsable de los videojuegos. La decisión fue celebrada por la comunidad gamer, que considera el freno al impuesto como un alivio económico y una señal positiva para el sector.